Nota preparada por CriptoReina con un proceso automatizado y controles editoriales de CriptoReino. La atribución y los límites de la evidencia se conservan abajo.
Qué pasó
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó una demanda de decomiso civil por un total de 84,2 millones de dólares en cuentas vinculadas a la empresa de procesamientos de pagos Capstone Ltd. Según los fiscales federales, la compañía con sede en Montana operaba como un transmisor de dinero no autorizado en al menos seis estados, presentándose ante las instituciones bancarias bajo la fachada de una empresa ordinaria de servicios de tecnología de la información.
La demanda civil fue radicada el 15 de julio en el Distrito Este de California ante el juez Dale A. Drozd. En el expediente se identifica a los propietarios de Capstone como Kotaro Shimogori y Mary Jeanne Thompson. En relación con las investigaciones, el FBI ejecutó una orden de registro en una residencia ubicada en Sacramento. Ante las acusaciones, la representación legal de la empresa declaró al Financial Times que la compañía niega cualquier irregularidad y mantiene el objetivo de resolver el asunto a la brevedad.
De los 84,2 millones de dólares solicitados en el procedimiento de decomiso, 79,11 millones de dólares fueron retirados el 14 de septiembre de una cuenta en Wells Fargo Securities a nombre de Capstone. Adicionalmente, las autoridades ubicaron 2,06 millones de dólares en JPMorgan Chase, 1,86 millones de dólares en otra cuenta de Wells Fargo y un poco más de 1,1 millones de dólares distribuidos en dos billeteras digitales con la criptomoneda estable USDT.
Por qué importa
Las investigaciones señalan que detrás de la operativa de Capstone se encuentra EQIBank, un banco digital con licencia en Dominica que presuntamente instruía cómo debía movilizarse el dinero. La entidad bancaria advirtió que la pérdida definitiva de estos recursos, los cuales constituyen aproximadamente el 80% de los fondos totales bajo su custodia, podría desencadenar su liquidación institucional.
Por su parte, Tether confirmó que EQIBank gestionó transferencias bancarias destinadas a la compra y redención de USDT. Sin embargo, en un comunicado entregado a Reuters, la empresa emisora sostuvo que no tenía conocimiento de la conducta atribuida a Capstone por el Departamento de Justicia. Un vocero de Tether situó la exposición directa de la compañía en menos del 0,034% de los activos del grupo, sobre una base reportada de 187.750 millones de dólares al cierre del segundo trimestre.
El caso representa un nuevo episodio de supervisión judicial sobre los canales de liquidación bancaria de Tether y su firma hermana Bitfinex. Cabe recordar que en 2021 ambas entidades alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía General de Nueva York, pagando una sanción de 18,5 millones de dólares tras admitir que la reserva de USDT no siempre estuvo respaldada un dólar por cada token como se anunciaba, comprometiéndose además a cesar operaciones en dicho estado.
Contexto de mercado
Al momento de la observación del mercado el 25 de septiembre de 2026, el token USDT registraba una cotización de 0,999806 dólares, representando una variación positiva del 0,01% en el lapso de 24 horas. El valor refleja la estabilidad de la paridad proyectada para el activo dentro de las plataformas de negociación.
Por su parte, el porcentaje de exposición comunicado por Tether ubica el impacto directo del decomiso en un nivel reducido en comparación con el volumen global de reservas declarado por la firma emisora, a diferencia de la situación crítica advertida por el banco EQIBank.
Qué falta confirmar
El procedimiento legal continúa en fase de resolución ante los tribunales federales de Estados Unidos. Dado que el decomiso civil permite la retención preventiva de bienes vinculados a un presunto delito sin necesidad de una condena penal previa contra los propietarios, las entidades afectadas buscan revertir la medida.
Tanto Capstone como EQIBank han presentado un recurso de defensa bajo la figura de propietario inocente. De acuerdo con la Regla Suplementaria G que regula estos litigios, los demandantes cuentan con un período de 21 días para responder formalmente a la acusación del gobierno una vez ingresada la reclamación ante la corte. Se aguarda la decisión del juez Dale A. Drozd para determinar el destino de los fondos depositados en las instituciones bancarias y billeteras digitales.
Fuente y alcance
- Fuente original: Decrypt
- Publicada por la fuente: 25 de septiembre de 2026 a las 21:25 UTC
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